El pasado 29 de marzo El País contaba el robo de un PC que contenía los datos confidenciales de unos 15.000 enfermos del ambulatorio de Orcasitas. Sucedió a finales de enero, y desaparecieron del despacho del servicio de inspección médica sólo la CPU del ordenador, sin que interesaran otras cosas a los ladrones. En concreto alojaba una base de datos que contenía pacientes con los fármacos que se les recentan. La Consejería de Sanidad confirmó el robo, y reconoció que no había medidas de seguridad.
La Comisión de Libertades e Informática ha aprovechado para volver a denunciar el según ellos lamentable estado de la sanidad madrileña. Esta asociación no deja pasar ni una al gobierno de Aguirre. La última fue la tan aireada noticia de que la Consejería de Sanidad madrileña había adjudicado a la empresa Stacks un contrato para que se hiciera cargo de la centralización de los expedientes clínicos en un solo sistema, y así, tenía acceso a los datos médicos de todos los ciudadanos madrileños.
La multinacional francesa Cedegim, dedicada entre otras cosas a prestar servicios a empresas farmacéuticas para mejorar sus acciones comerciales, compró Stacks. La Comisión de Libertades e Informática hizo una fácil regla de tres: si Stacks accede a los datos médicos, Cedegim también lo hace, y puede ponerlos a disposición de la industria farmacéutica. ¿Por qué?
Tendrían que probar lo que afirman, no sirve con simplemente que lo publique El País. En vez de centrarse en que, siempre según ellos, el concurso para la adjudicación del sistema informático estuvo amañado, habiendo sido confeccionado entre la Comunidad y Stacks, prefirieron meter el miedo al ciudadano en el cuerpo con el tema de los datos médicos. ¿Por qué no ir contra el gobierno de Aguirre por la vía penal, contra el Consejero de Sanidad?
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid inició de oficio una inspección para constatar si Stacks y la Consejería tenían firmado el correspondiente contrato de acceso a datos por cuenta de terceros. No se constató vulneración alguna.
Un dato relevante para finalizar: la señora Dña. Carmen Sánchez Carazo, vicepresidenta de la Comisión de Libertades e Informática, es también concejala de salud y discapacidad en el Ayuntamiento de Madrid por el Grupo Socialista.
¿Seguro que la CLI es una plataforma independiente, o se dedica a favorecer los intereses de sus miembros cuando se acercan las elecciones? ¡Dios, qué asco!
Suelo estar al tanto de cualquier noticia que aparece en medios españoles sobre protección de datos. Este sábado pasado me sorprendió una que aparece en un medio digital en el que menciona las aventuras de un movimiento apóstata que ha surgido en Valencia, y que se dedica a informar/aconsejar sobre qué trámites hay que realizar para abandonar la fe católica.